El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes cargos contra 28 residentes permanentes legales de California por presuntas irregularidades al registrarse para votar y, en algunos casos, emitir sufragios. Once fueron detenidos. El operativo llega a dos semanas de las elecciones de medio mandato y acompaña una disputa judicial que podría afectar el manejo de miles de boletas.
Las autoridades federales agruparon los casos en la Operación Proteger el Voto. Todos los acusados tienen residencia permanente, conocida como green card: ese estatus permite vivir y trabajar legalmente en el país, pero no concede ciudadanía ni derecho a votar en elecciones federales. Los cargos son acusaciones pendientes de resolverse, no condenas.
Algunos de los delitos imputados, entre ellos el registro electoral fraudulento y las declaraciones falsas en solicitudes de naturalización, pueden implicar hasta cinco años de prisión. No todos los acusados habrían votado; por ello, el número de personas procesadas no equivale al de votos presuntamente emitidos de forma ilegal.
La disputa por más de 20 mil registros
En un frente distinto al proceso penal, el Departamento de Justicia pidió a un juez federal apartar las boletas vinculadas a una lista de más de 20 mil personas cuya ciudadanía pone en duda, hasta verificar su elegibilidad. La dependencia sostiene que los 28 acusados aparecen en esa relación. La petición no significa que un tribunal haya autorizado ya la separación de esos votos.
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, cuestionó la exactitud de la lista y defendió los controles estatales para que únicamente ciudadanos estadounidenses puedan registrarse. También sostuvo que tratar a esas personas como inelegibles hasta que demuestren lo contrario contravendría las restricciones federales a la depuración de padrones antes de una elección.
El gobernador Gavin Newsom rechazó la ofensiva y la presentó como un intento de suprimir votos. Los cargos anunciados no prueban por sí mismos la existencia de fraude electoral generalizado. Para los electores incluidos en la lista, el punto inmediato de la disputa es si sus boletas podrán contarse sin una verificación adicional exigida por el gobierno federal, una medida que California impugna.
Imagen: Gavin Newsom, gobernador de California, en una fotografía de archivo de 2011.
