Raúl Castro enfrenta una nueva causa estatal en Florida por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La Fiscalía anunció el lunes 19 de octubre una orden de arresto por conspiración para cometer asesinato, que añade un proceso estatal a la acusación federal presentada en mayo por el ataque en el que murieron cuatro personas.
La orden fue emitida por Ariana Fajardo Orshan, jueza del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y dispone que no se conceda fianza. James Uthmeier, fiscal general del estado, anunció la medida, obtenida por su oficina junto con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.
El expediente busca establecer la presunta responsabilidad de Castro dentro de la estructura militar cubana. En 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente del país; la Fiscalía lo ubica en la cadena de mando que habría autorizado el derribo. La acusación también sostiene que agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate enviaron a La Habana información sobre los vuelos para facilitar la operación.
Qué cambia con la causa estatal
La actuación de Florida no sustituye el proceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La imputación federal incluye conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. El fiscal federal Jason Reding Quiñones respaldó la nueva causa como una vía complementaria. Ninguna de estas imputaciones equivale a una sentencia de culpabilidad.
El hecho investigado ocurrió el 24 de febrero de 1996: fuerzas cubanas derribaron dos aeronaves civiles y una tercera logró escapar. Los fallecidos fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Hermanos al Rescate efectuaba vuelos para localizar y auxiliar a cubanos que intentaban llegar por mar a Estados Unidos.
Castro ha negado haber dado directamente la orden de atacar. El Gobierno cubano también rechaza las acusaciones y las considera políticas. Tras conocerse la medida de Florida, el presidente Miguel Díaz-Canel la condenó y cuestionó su fundamento jurídico y sus efectos prácticos.
La Fiscalía estatal dejó abierta la posibilidad de formular cargos adicionales. La causa sigue, por tanto, en una etapa de acusación: la orden permite avanzar por una vía judicial distinta de la federal, pero no resuelve la responsabilidad penal del expresidente cubano.
Imagen: Raúl Castro en una reunión el 11 de julio de 2012. Foto de archivo: Government.ru / Wikimedia Commons.
